Según un estudio de la Fundación BBVA sobre percepciones sociales hacia los animales, el 77 % de los españoles considera inaceptables las corridas de toros. Porcentajes similares rechazan prácticas como la caza deportiva o los espectáculos con animales. La sensibilidad hacia el bienestar animal ha cambiado mucho en las últimas décadas.
Sin embargo, la realidad política parece no avanzar en la misma dirección. Las corridas de toros y la caza siguen recibiendo apoyo institucional a nivel nacional, autonómico y local, a la par que la legislación mantiene excepciones llamativas en materia de bienestar animal, como ocurre con los perros utilizados en la caza. A primera vista, la contradicción resulta evidente.
Durante los últimos años incluso ha habido gobiernos de coalición con partidos que defendían con claridad políticas de protección animal. Se crearon direcciones generales específicas, se aprobaron leyes y se abrió un debate social que antes apenas existía. Y, sin embargo, en cuestiones como la caza o la tauromaquia los cambios han sido inexistentes.
¿Significa esto que existe un poder invisible capaz de doblegar a cualquier gobierno? Probablemente la explicación sea menos misteriosa y más estructural.
En política importa mucho la intensidad de las preferencias. Una minoría pequeña pero muy organizada puede influir más que una mayoría amplia pero poco movilizada. Los sectores vinculados a la caza o al mundo taurino llevan décadas articulados en federaciones, asociaciones y redes locales muy activas. Su interés es directo y concreto, y eso aumenta su capacidad de presión política. Además, existe toda una red económica que depende directamente de las actividades que generan estos sectores.
Este fenómeno no es exclusivo de España. En ciencia política se conoce desde hace tiempo como la ventaja de los intereses concentrados frente a los intereses difusos: cuando un grupo pequeño obtiene beneficios claros de una política, tiende a organizarse con mucha más intensidad que una mayoría que solo experimenta un beneficio o perjuicio más abstracto.
La mayoría social que expresa rechazo en las encuestas, en cambio, suele estar mucho menos organizada. Su posición existe, pero rara vez se traduce en movilización sostenida. A esto se añade otro factor importante: el peso del mundo rural. La caza, en particular, tiene una fuerte implantación en muchas zonas donde la participación política local es intensa y las redes sociales y económicas están muy entrelazadas. Además, el sistema electoral español otorga una representación relativamente mayor a provincias poco pobladas, lo que amplifica la influencia política de ciertos territorios.
Luego está la inercia institucional. Las políticas públicas, una vez establecidas, tienden a perpetuarse. Subvenciones, excepciones legales y estructuras administrativas generan intereses económicos y sociales que no desaparecen fácilmente. Cambiarlas implica abrir conflictos políticos que muchos gobiernos prefieren evitar.
Por último, hay una dimensión que tampoco puede ignorarse. Durante años la tauromaquia se ha defendido como parte del patrimonio cultural, lo que introduce un componente identitario que complica cualquier debate racional. Y, casi siempre, aparece un argumento más, quizá menos visible pero muy presente: la idea de que hay cosas más importantes. “Primero las personas”, se dice. Como si la atención a los animales fuese un asunto secundario, algo que solo tendría sentido cuando todos los demás problemas estuvieran resueltos.
El inconveniente es que ese momento nunca llega. Las sociedades conviven siempre con desafíos abiertos económicos, sociales y sanitarios. Si ese fuera el criterio, muchas cuestiones quedarían aplazadas indefinidamente. En la práctica, las agendas públicas no funcionan por turnos. Avanzan cuando distintas sensibilidades empujan a la vez. Y defender mejores condiciones para las personas no invalida, ni desplaza, la preocupación por los animales.
Al final, uno acaba comprendiendo que la política rara vez refleja de forma inmediata lo que piensa la mayoría. A veces, pone de manifiesto quién está dispuesto a defender con más intensidad aquello en lo que cree. Y quizá ahí esté la paradoja de nuestro tiempo: una sociedad que cambia más deprisa que sus instituciones. Una mayoría que evoluciona mientras las decisiones colectivas siguen respondiendo, a menudo, a la presión de minorías mejor organizadas. La democracia no consiste solo en contar papeletas. También depende de quién se organiza, quién persevera y quién convierte una convicción en acción política.
Tal vez la pregunta, entonces, no sea por qué ciertas prácticas sobreviven pese al rechazo social. ¿Si el 77 % de la sociedad piensa una cosa, por qué la política sigue actuando como si pensara otra?
